Política pública desde la ciencia y técnica, no desde la desinformación

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Política pública desde la ciencia y técnica, no desde la desinformación

El pasado jueves, el Presidente Carlos Alvarado puso fin a un capítulo que, a pesar de corto, fue en gran medida vergonzoso. El mandatario se negó a aceptar la petitoria de 40 diputados y diputadas para detener la aplicación de un protocolo para atender casos de riesgo de suicidio en centros educativos. Que se haya siquiera puesto en duda la aplicación de una herramienta tan valiosa para proteger las vidas de niños y niñas debe dejarnos lecciones y aprendizajes políticos, pero sobre todo éticos.

Un tuit puede decir ‘mucho’, pero no lo dice ‘todo’

Hay que admitir, de entrada, que el suicidio es uno de esos temas que usualmente dejamos en el congelador de las discusiones sociales. Fue el suicidio del famoso e irreverente chef televisivo Anthony Bourdain lo que activó definitivamente la conversación en torno al tema.

Muchas personas -incluidos el propio Ministro Édgar Mora, y el Presidente Alvarado- coincidimos en que el tuit de la “verdad” y la “vehemencia” fue imprudente, confuso y desafortunado. La síntesis en las palabras puede ser poderosa en ocasiones, pero imprecisa en muchas otras. El tuit definitivamente se prestaba a malas interpretaciones. Una aclaración del Señor Ministro se volvió necesaria y justa.

La aclaración llegó, pero no fue escuchada. El tuit fue utilizado como justificación para intentar suspender la aplicación del “Protocolo de atención a la población estudiantil que presenta lesiones autoinfligidas y/o en riesgo por tentativa de suicidio”. Así como se lee. La moción que hacía ese llamado, lamentablemente, obtuvo 40 votos a favor. Sin embargo, fue notorio -y admitido en varias de las intervenciones- que la mayoría a favor desconocía casi por completo el texto, por lo cual las razones para la moción se demostró que eran otras.

Y es que del contenido del protocolo, poco hay para hablar. Su elaboración le correspondió a personas profesionales y expertas en un tema tan complejo como el suicidio. El trabajo comenzó en 2017, mucho antes de que Édgar Mora asumiera en el MEP. Pero además, pasó por un proceso de revisión científico y técnico riguroso. El texto fue consultado a entes como el Consejo Nacional de Salud Mental y la Comisión Interinstitucional de Salud Mental.

La educación y la política pública se deben hacer desde la información y el conocimiento

¿Nos toca como Congreso decidir en asuntos técnicos específicos dentro del ámbito de acción de un Ministerio? No. ¿Podemos participar en las discusiones de fondo que estos asuntos abarquen? Sí, pero esas discusiones deben ser responsables, principalmente si hablamos de algo tan sensible como el suicidio en centros educativos. Se trata protocolos (como ya existen sobre armas, bullying o drogas) que van a impactar a niños, niñas y jóvenes.

Dichosamente, la implementación del protocolo continuará tal cual estaba programada. Pero el episodio debe dejarnos al menos preguntas: ¿Es éticamente aceptable negarle herramientas a docentes para salvar vidas de estudiantes en riesgo de suicidio con el afán de “reprender” a un Ministro por sus declaraciones? ¿Es válido tomar decisiones sobre una herramienta como el protocolo sin conocer su proceso de elaboración y su contenido?

Los Diputados y Diputadas están en todo su derecho de mostrar molestia por el tuit del Ministro, de criticarle, de llamarle a cuentas a comisiones o en sus espacios de control político, si así fuese necesario. Pero es injusto para la niñez y las juventudes mezclar eso con la aplicación de protocolos educativos y de salud que buscan protegerles. Las políticas públicas deben formularse desde el conocimiento y la técnica, jamás desde la desinformación. Eso es lo que se espera de nosotros y nosotras cuando tomamos decisiones desde nuestra curul.

Enrique Sánchez

Diputado de la República por el Partido Acción Ciudadana. Comunicador especializado en comunicación estratégica con enfoque de Derechos Humanos. Fue asesor político en la Asamblea Legislativa, el SINART y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

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