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Decilo

Decilo,

Sobre nuestro Mar :  No es una economía azul la que necesitamos sino una justicia azul

En los últimos meses hemos iniciado a nivel nacional una carrera conceptual y política hacia lo que se ha llamado la economía azul, concepto similar al que ya habíamos escuchado de algunos sectores de la conservación cuando se habló de la  “economía verde”.

Segun la definición de la Unión Europea:  “La economía azul es «la economía que reconoce la importancia de los mares y los océanos como motores de la economía por su gran potencial para la innovación y el crecimiento».

Una o dos más de estas definiciones se han dado por parte de los Bancos Internacionales y de organizaciones grandes de conservación.  Todas giran alrededor de que el mar nos ofrece ahora un enorme potencial económico para hacer negocios y claro, se llama ha desarrollar dichos negocios de forma sostenible.

El punto aquí que falla en el concepto desde mi opinión, es considerar que el factor económico es el factor prioritario en los temas relacionados al oceáno y más allá,  que es este el pilar fundamental que hace que podamos conservar los recursos que nos ofrece el mar. ¿Donde quedan otros elementos como lo social y lo cultural y lo ambiental en este concepto?

Aprendiendo de la experiencia, bajo el concepto de economia verde, más que trabajar en campo los elementos objetivos hacia la búsqueda de un equilibrio entre conservación y aprovechamiento sostenible, se ha abierto la puerta política para que se lucre de los recursos naturales continentales de forma irresponsable. Veamos el caso reciente de lo acontecido en la Amazonia, donde intereses gigantes han hecho una reducción lamentable de este lugar preciado e invaluable para la sobrevivencia del Planeta, aún cuando este desarrollo sea más que rentable.

Hoy, frente a la urgente necesidad de conservación del mar en nuestro país, es fundamental no dejarnos sucumbir por los colores de estos conceptos e ir más a fondo en lo que estos nos ofrecen.

Debemos enfrentar, abiertos al diálogo, a quienes por su posición o por su interés desean hacerlos política nacional y con sólidos argumentos presionar para orientar los esfuerzos hacia una verdadera estrategia, que se se sustente en un ejercicio democrático que nos involucre a todos y todas en esta difícil pero hermosa tarea de establecer los equilibrios necesarios para alcanzar un mejor porvenir en nuestras poblaciones costeras que alcance la sostenibilidad ambiental.

Para los políticos, la economía azul es el concepto perfecto para dejar la puerta abierta a aquellos sectores que cuentan con un “derecho” ( ej. La licencia de pesca de atún o la tenencia de la tierra) para el desarrollo económico que sea evidente en nuestro Producto Interno Bruto (PIB).  ¿Qué pasa con los demás sectores que viven del mar y sus recursos?  ¿Que pasa con aquellos (as) que viven una cultural asociada  al mar pero cuyos  derechos no han sido reconocidos? Ej. Los cientos de pescadores artesanales o molusqueros con una cultura ligada al mar pero cuyos derechos de pesca no son formales todavía.

De alguna forma entrelazar la idea de que la conservación, debe necesariamente darse con elementos de equidad y justicia, y que no podemos dejar abierta la puerta a un ambientalismo radical y neoliberal en donde esa conservación solo la acceden los sectores de mayor ingreso y capacidad de inversión parece fundamental.

Pues si, con la tal “Economia Azul” estamos frente a un concepto que es excluyente, y así como hay personas que defienden los derechos de los pueblos indígenas, las poblaciones diversas o el respeto a las diversas religiones, habemos personas que creemos firmemente que vamos a lograr la conservación de los recursos naturales solo a través de una justa y equitativa distribución de los beneficios que se deriven de esta conservación.   Para ello hay que repensar este concepto que nada bueno traerá al país y usar uno nuevo que buena falta nos hace….la Justicia Azul como fuera definido recientemente por la discusión global en el Congreso Mundial de pesca artesanal en Tailandia .

Tenemos un mar más grande que la Tierra en Costa Rica, NO lo hemos hecho mal en la tierra, pero no del todo bien. Siguen existiendo enormes inequidades en las zonas rurales donde se encuentran nuestras áreas protegidas y no hemos logrado apesar de millonarias sumas de dinero orientadas a dicho fin, consolidar nuestro sistema de áreas silvestres protegidas.

No queremos hacer lo mismo en nuestro mar, debemos hacerlo bien y para ello, la equidad en nuestras costas donde hay pobreza e incumplimiento evidente de los derechos humanos debe ser un componente fundamental del trabajo que se desarrolle.

En un Planeta donde el 80 por ciento de toda la vida en la Tierra se encuentra en los oceános, ellos aportan la mitad del oxígeno y donde el 40% de la población mundial viven a menos de 100 km de la costa, debemos priorizar nuestras acciones en el mar y pronto,

Viene a nuestro país el concepto de economía azul como la panacea, lo que nos dicen las fuerzas económicas de los bancos internacionales y cooperación tradicional es que este concepto nos garantizará el conservar esos 500.000 km2 con  que los costarricenses esperamos enfrentar los retos del futuro. Seamos críticos, analicemos, veamos la situación en otros países y NO comamos cuento.

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Banda de Acosta sí recibió apoyo del Gobierno

La Banda Municipal de Acosta (BMA) sí recibió apoyo del Gobierno central, gobierno local e institución autónoma para su participación en la más reciente de edición del Desfile de las Rosas en Pasadena, California.

Un comentario en Facebook publicado por Rafael Pérez Espinoza y replicado por diferentes personas, entre ellas el empresario Alberto Rodriguez Baldi, indicaba que el Gobierno le dio la espalda a la Banda cuando fueron a pedir ayuda.

Sin embargo, la BMA no solo recibió apoyo del Gobierno a través del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), sino que también lo hizo de parte del Gobierno local de Acosta, del Instituto Nacional de Seguros y de Coopealianza.

Así lo confirmaron a La Hora Tica Ileana Rojas, jefa de prensa del MCJ y Norman Hidalgo, Alcalde de Acosta.

Específicamente el apoyo del Gobierno, el cual han reclamado algunos usuarios de redes sociales, consistió en gestiones de prensa, espacios de publicidad en las pautas que tiene el MCJ en Telenoticias, NC 11 y Canal 42, la exoneración del impuesto de salida a todos los miembros de la delegación y un decreto firmado por el Presidente Carlos Alvarado de interés cultural a la participación de la banda en el desfile, según confirmó Rojas.

Además, el MCJ indicó que no existe una partida presupuestaria específica que les permita darle alguna ayuda económica a la Banda.

Por su parte, Norman Hidalgo, Alcalde de Acosta, indicó a La Hora Tica que la Banda es un proyecto comunal y que tampoco obtiene ayuda económica de parte de la Municipalidad, pero que sí han recibido apoyo en la coordinación de relaciones públicas y actividades para recolectar fondos.

La BMA cuenta con dos patrocinadores principales: Coopealianza y el Instituto Nacional de Seguros (INS); este último, a pesar de ser una institución del Estado, no es parte del Gobierno, ya que es una institución autónoma.

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El presupuesto extraordinario para amortización de deuda

En los últimos días se ha dado una discusión muy extendida sobre las razones que justifican la necesidad de presentar un presupuesto extraordinario para aumentar la partida de amortización de deuda, centrándose esa discusión en si estaba o no previsto y si se conocía o no del tema en el periodo de cambio de gobierno. Con esa discusión, más política que técnica, nos hemos desviado de la verdadera razón de fondo: esto es síntoma de la situación crítica que estamos viviendo.

Cada semestre la Tesorería Nacional, junto a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, y el Banco Central, presentan el plan de deuda para los próximos meses. En el plan de endeudamiento de hace un año, que coincide con la fase final del proceso de elaboración del proyecto de presupuesto para el ejercicio económico 2018, se anuncia una necesidad de colocación de deuda por 1,1 billones de colones, tanto para el financiamiento del déficit fiscal (cubrir el faltante de recursos) como para renovar endeudamiento que vencía en ese semestre. La propuesta, en esa ocasión, pretendía combinar colocación vía Bolsa de Valores (por medio de las subastas de deuda pública) y vía ventanilla (por medio de Tesoro Directo), y pretendía además introducir nuevas series de títulos de la siguiente forma: títulos cero cupón con vencimiento a noviembre del 2018, títulos tasa fija en colones con vencimiento al 2020 y 2025, títulos tasa fija en dólares con vencimientos a 2020, 2024, 2028 y 2037, y títulos tasa variable con vencimientos a 2024 y 2041.

En ese momento se anunció que se pretendía colocar entre un 35% y 45% en títulos de tasa fija en colones, o sea, los que vencían en 2020 y 2025; entre un 25% y un 35% en títulos de tasa variable en colones, los que vencen 2024 y 2041, y entre un 8% y 12% en títulos cero cupón con vencimiento a noviembre del 2018, además de colocación de títulos en dólares. O sea, se esperaba colocar en el segundo semestre del 2017, en su punto medio, apenas un 10% del 1,1 billones de colones (110.000 millones)  con vencimiento en 2018.

Se tenía la previsión, además, de realizar canjes por 300.000 millones de colones en el transcurso del primer semestre del 2018. ¿Era exagerada la estimación? Pues en años recientes los canjes se habían logrado por montos importante, por ejemplo: en el 2014 se realizaron canjes por 286.717 millones de colones, en el 2015 por 368.352 millones, en el 2016 por 843.907 millones y en el 2017 se realizaron canjes por 652.388 millones. Tratar de prever los canjes en el monto señalado estaba claramente dentro del promedio de lo que se canjeó en los últimos años.

Así que, con el plan de endeudamiento señalado y las proyecciones de canje previstas, se formula el proyecto de presupuesto del 2018, mismo que fue analizado tanto por los diputados que lo votaron, como la propia Contraloría General de la República, que en atención del artículo 40 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, debió presentar un informe técnico del proyecto de presupuesto 2018.

Pero entonces, ¿qué pasó?

El deterioro de la situación fiscal empezó a causar mella en la posibilidad de gestionar la política de endeudamiento según lo previsto. En el plan que se anunció se había previsto una colocación de deuda por 1,1 billones y se colocó deuda por 1,35 billones (más deuda por un déficit mayor al que se tenía inicialmente previsto), pero se tuvo que colocar un mayor porcentaje de deuda en dólares de lo que estaba previsto, al final fue casi la mitad de la deuda colocada. También se tuvo que colocar un porcentaje mucho mayor de deuda con vencimiento a un año o menos, cuando en un principio era un 10% al final fue poco más del 25%, o sea, 227.000 más de lo que se había previsto en agosto del 2017.

A este monto adicional que se tuvo colocar en el corto plazo, se debe sumar que los canjes en el primer semestre del 2018 fueron de 88.000 millones según la información que proporcionó la Ministra de Hacienda, en lugar del monto inicialmente previsto. Al no poder hacer un canje, o sea, darle al tenedor de deuda pública un nuevo título antes de su vencimiento, lo que habría evitado “consumir” la partida de amortización de deuda, y habría dejado espacio para seguir colocando deuda el resto del año sin necesidad de ningún ajuste vía presupuesto extraordinario.

¿Por qué se tuvo que colocar más deuda a corto plazo? Este es un movimiento que se da en condiciones de incertidumbre, cuando los inversionistas prefieren invertir en el corto plazo para evitar pérdidas en sus inversiones. En el año 2004, cuando se dio la crisis de los fondos de inversión, hubo un importante aumento en el apetito por el corto plazo, llegando el “stock” de deuda con vencimiento a un año o menos al 30% del total. En el 2017 el porcentaje de deuda a menos de un año fue de 14,6%, pero subió desde un 12% en el 2016, por lo que debemos poner la atención a que la mayor incertidumbre siga empujando el porcentaje de deuda a corto plazo al alza.

Todo esto ojalá sirva para entender que la incertidumbre está empezando a golpear las variables macroeconómicas del país, está obligando a concentrar deuda en el corto plazo y produce más dificultad para hacer proyecciones más exactas, como lo fue en este caso. Como resultado de esto, entonces, ahora se debe discutir y votar un presupuesto extraordinario para incrementar la partida de amortización de deuda. Esa es la razón, técnicamente explicada, la información fue extraída de la página web del propio Ministerio de Hacienda y puede verificarse ahí mismo.

Decilo,

La Huega ¿Cuándo es legal o ilegal?

Previo a dar inicio a una huelga es facultativo para se emita una declaratoria de legalidad la misma podrá ser solicitada y no podrán iniciar su ejecución, sin que estuviere en firme la declaratoria de huelga legal. Artículo 384 del Código de Trabajo.

Ahora bien, en cuanto a la declaratoria de ilegalidad de una huelga, el Artículo 383 del Código de Trabajo establece que: “La parte o las partes empleadoras afectadas por la huelga podrán solicitar, ante la jurisdicción de trabajo, la declaratoria de ilegalidad del movimiento, cuando los trabajadores, las trabajadoras o sus organizaciones sindicales no se hubieran ajustado en el ejercicio del derecho de huelga a las previsiones y los requisitos establecidos en los artículos 371, 377 y 381 de este Código”.

En cuanto a los tipos de huelgas, podemos identificar las originadas en un conflicto económico y social, ya sea para ampliar un derecho que ya tenia el trabajador o para obtener uno nuevo. También se reconoce la huelga originada en un conflicto jurídico que se genera cuando se hacen interpretaciones distintas de una ley o una convención colectiva, o porque alguna parte en la relación laboral no aplica una norma.

Como requisitos para que una huelga pueda ser considerada legal, deberán cumplirse los procesos y requisitos definidos en los artículos ya antes citados los cuales analizaremos seguidamente.

Con la reforma Procesal Laboral cuya vigencia se dio el pasado 25 de julio del 2017, se amplió en el Código de Trabajo  (artículo 371) el concepto de huelga, entendida como un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo, en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como mínimo, que represente más de la mitad de los votos emitidos (conforme al artículo 381), por los empleados o las empleadas involucrados en un conflicto de trabajo.

Adicionalmente, para que una huelga sea considerada legal, deberán agotarse las alternativas procesales de conciliación que dispone el artículo 618 del Código de Trabajo. Si acordada la conciliación una de las partes incumple el arreglo conciliatorio, la parte que ha respetado el arreglo podrá declararse en huelga.

Si terminada la conciliación las partes no disponen de un acuerdo conciliatorio, deberá acordarse someter la disputa a un arbitraje, pero en caso que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, los trabajadores podrán ir a huelga. Artículo 634.

 

Consecuencias de la declaratoria de ilegalidad de una huelga

 Si la huelga es declarada ilegal, los huelguistas tienen un plazo de 24 horas para volver a sus labores, (Artículo 385) sino, se exponen a a la terminación de sus contratos de trabajo sin responsabilidad patronal o al rebajo salarial de los días que se le pagaron mientras estuvo en huelga.

Decilo,

La oportunidad para Nicaragua

Mi país vive actualmente una crisis. Un momento decisivo. Nicaragua cumple dos meses de contar muertos. Más de 180 personas hasta la fecha. “La peor masacre en tiempos de paz”, le han llamado. El gobierno del presidente Daniel Ortega ha desatado nada menos que una ola de terrorismo de Estado que persigue, hostiga, tortura, apresa, agrede y mata a quienes expresan su descontento hacia él y piden su salida inmediata del poder.

Desde el 18 de abril pasado he sufrido al ver los atropellos cometidos por miembros de la policía y fuerzas de choque parapoliciales enviadas por el gobierno contra innumerables manifestaciones cívicas en todo el país que rechazan la represión y la dictadura de Ortega. Hemos visto la muerte de cerca de tres personas por día. Una cada ocho horas. Cientos de imágenes y vídeos corren por las redes evidenciando el horror documentado por los propios ciudadanos.

He llorado, llena de indignación e impotencia, por la muerte de Alvarito Conrado, el primer niño mártir, a quien le dispararon mientras pasaba agua a los estudiantes universitarios que se manifestaban pacíficamente contra la represión estatal. Me he quedado perpleja al escuchar de viva voz de Denis González, quien está vivo de milagro, cómo un policía le metió un tiro en la cabeza cuando volvía a casa de su trabajo al pasar cerca de una protesta en Managua. He soñado con la muerte de Ángel Gahona, el periodista que, por esas vueltas macabras del destino, acabó registrando su propia muerte cuando, mientras transmitía por Facebook Live lo que ocurría en su ciudad Bluefields, recibió un certero disparo en la cabeza.

Me he puesto furiosa al ver cómo los medios oficialistas fabrican mentiras y usan evidencias de la represión de forma tergiversada y perversa, mientras los medios independientes han sido agredidos y hasta censurados. He sentido rabia al ver el cinismo con que Rosario Murillo, la vicepresidenta y esposa de Ortega, y sus allegados han llamado al pueblo “minúsculos”, “vándalos” y “plagas” y se han atrevido, incluso, a negar los muertos y culpar a los agredidos de ser los agresores.  Me he quedado atónita al conocer este fin de semana, a través del testimonio de Cinthia López, de la muerte de seis miembros de su familia, incluidos una niña de dos años y un bebé de cinco meses, cuando policías y parapoliciales incendiaron su casa por rehusarse a que éstos entraran para colocar un francotirador en el tercer piso de la vivienda.

(CNS photo/Jorge Torres, EPA)

Las historias de terror son muchas y cada una duele, desencaja y quita el aliento al pueblo nicaragüense que, hasta hace dos meses, creía vivir en un país más o menos seguro en el cual Daniel Ortega y Rosario Murillo se habían erigido por once años como la pareja omnipotente, con dominio total y absoluto sobre el país; omnisciente, con ojos y oídos en barrios, instituciones del estado y en redes sociales para fiscalizar quiénes se alineaban al régimen y quiénes intentaban desafiarlo;  y omnipresentes, con sus árboles de la vida y los rótulos con sus rostros sonrientes y benevolentes por toda Nicaragua. Como dioses intocables. Como dioses que podían ser tan buenos como para darnos esa estabilidad económica elogiada por grandes entes financieros mundiales, como para darnos parques con wi- fi gratis, láminas de zinc, mayor visibilidad de mujeres en puestos públicos y las condiciones para el aumento del bendito turismo. Como dioses que tomaban sus decisiones de forma autoritaria y paternalista, porque seguro el pueblo no sabía lo que necesitaba: un poco de pan y cada vez menos democracia. Como dioses que respondían iracundos ante cualquier muestra de ingratitud con suficiente violencia y represión como para aplacar cualquier intento de rebelión, pero con el cuidado de no mostrar su lado más cruel e inhumano.

Hace dos meses todo cambió y los dioses se convirtieron en la pesadilla de la que Nicaragua quiere despertar. Creyeron que podrían matar y volver a arriar el rebaño. El pueblo les demostró que había límites que no debieron haber cruzado. “Todo te dejamos pasar, pero jamás hubieras tocado a nuestros muchachos”, se leía en un rótulo en una de las multitudinarias marchas contra Ortega.

Han sido 60 días en los que los nicaragüenses hemos vivido una montaña rusa de emociones. Hemos reído con los cientos de ingeniosos memes que la gente se ha dado a la tarea de elaborar para lograr sobrellevar el luto y el dolor con un poco de humor; y también hemos llorado de la emoción de ver un pueblo tan valiente, tan unido y tan solidario. Me he emocionado al ver ríos de gente en tantas ciudades del país, felices con sus banderas y pancartas, libres y empoderados gritando su sentir. He llorado viendo, una y otra vez, el momento en que muchachos y muchachas veinteañeros le dijeron a Daniel Ortega en su cara que es un asesino y que se tiene que ir. Me he sentido orgullosa de mis amigos y amigas que se han entregado plenamente a la causa, entregando víveres y medicinas, sorteando el peligro y ondeando sus banderas con enormes sonrisas en cada plantón. He leído, con ávido interés, los fuertes planteamientos, reclamos y posturas de diversos colectivos que se unen bajo el mismo coro de la libertad. He discutido también, me he disgustado con cercanos, porque disentimos en nuestras interpretaciones de lo que ocurre o de lo que se debe o no hacer en momentos tan críticos. He compartido, una y otra vez, cómo todo esto nos ha tomado por sorpresa.

Nunca pensamos que nos iban a perseguir y matar sin piedad por pedir la renuncia de quien ha desgobernado, nunca imaginamos que nos quitarían tanto, que perderíamos tanto… hasta el miedo de salir a las calles. Nunca creímos que Nicaragua se vería, una vez más y cuarenta años después, desafiando a otra dictadura, la de Ortega, uno de los hombres que luchó por derrocar la anterior, la de Somoza.

Mucho se ha dicho que hablar de crisis es hablar de peligro y de oportunidad. Yo escojo así creerlo. Estamos viviendo un momento duro, Nicaragua no volverá a ser la misma. Nos encontramos ante un momento de extrema polarización en que relaciones se han roto, es mucho lo que se ha perdido, el resentimiento invade y la incertidumbre nos carcome. Diario nos levantamos contando los ataques, los muertos y heridos. Diario vemos cómo el país se transforma en una zona de guerra en que la economía agoniza, mientras se continúa derramando la sangre de nuestros hermanos. Pero es también un momento en que muchos nos preguntamos qué vendrá después.

La posibilidad de contar con una oportunidad para Nicaragua es lo que ha hecho al pueblo seguir. En medio del dolor y la angustia, se siente la esperanza. Pensar en una nueva Nicaragua es lo que ha llevado a unirse a los estudiantes universitarios, a los empresarios, a las feministas, a la comunidad LGBTI, al movimiento campesino, ambientalistas, a las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe del país, a personas de los barrios y de las mansiones, a gente de derecha y de izquierda, a la Iglesia Católica, evangélicos y ateos para buscar el cambio que necesita Nicaragua. Un cambio definitivo.

(Photo: The Daily Beast)

La determinación de todo un pueblo va más allá de quitar a un gobernante déspota o de desafiar a un partido para poner a otro. Esto es mucho más. Es la oportunidad que buscamos para reinventarnos como nación. El dolor de perder vidas, una vez más, a causa de quienes se enferman de poder, debe hacernos buscar la salida del círculo vicioso del caudillismo y las dictaduras.

Me llena de emoción compartir con tantas personas el entusiasmo por esa nueva Nicaragua. Ese entusiasmo es el que hasta el día de hoy nos mantiene firmes en la posición de sacar a un tirano del poder. Ese anhelo es el que, además, debe mantenernos críticos y alertas en el trabajo de definir cuál es ese país que queremos.

Para eso debemos ver a los lados, ver los ejemplos de los países hermanos, pero, sobre todo, vernos a nosotros mismos. Es posible construir una Nicaragua con verdadera democracia, con institucionalidad, con un verdadero y absoluto respeto a los derechos humanos.

Sé que no soy la única que sueña con una Nicaragua libre, estable, que apueste por gobernantes íntegros y éticos con la visión de un desarrollo verdaderamente sostenible, que respeten las leyes y nuestros derechos, que busquen la verdadera paz y luchen por la verdadera igualdad de las personas, que entiendan que su llamado es a servir y no a servirse del país.

Sé que somos muchos los que buscamos ser una mejor sociedad, una que entienda que existen formas sanas de liderazgo que están lejos de la tiranía y el abuso, una libre de opresiones, una que se vaya cuestionando y busque ser menos clasista, menos machista, menos depredadora, menos homofóbica, menos xenofóbica, menos racista, una con medios de comunicación autónomos, éticos y profesionales que informen sabiendo que su responsabilidad es construir un país más justo y pacífico.

Nicaragua está ya ante el reto inmenso de reconstruir una economía seriamente dañada por la crisis. Hasta la fecha, los daños ascienden a los mil millones de dólares y los sectores productivos sufrirán las repercusiones por años. Para que cualquiera de los demás sueños se pueda realizar el país tiene que evitar el colapso económico en el corto plazo, estructurar un plan para el crecimiento sostenible y poder enfrentar los retos de desarrollo que persisten. El país tiene que tomar esta oportunidad para crear la base para una recuperación sana y sostenible, basada en el imperio de la ley, con reglas claras, transparentes y justas. La transparencia facilita y hace eficientes la inversión pública y privada, las cuales serán claves para crear una economía que pueda atender las necesidades de todos los nicaragüenses.

El país merece un plan económico tan ambicioso como inclusivo y respetuoso del ambiente. Debemos trabajarlo juntos. Evitemos que la pobreza nos sujete al populismo, al fanatismo o al narcotráfico. Será imperante librarnos de estos males que tanto daño han hecho a los países de la región.

Tomemos esta oportunidad. Hagámosla nuestra desde hoy. Mantengámonos firmes en la resolución colectiva de no responder con violencia y de conservar esta rebelión cívica y pacífica. Pensemos en cómo vamos a reconstruir un país en el que estamos llamados a reconciliarnos como hermanos, en cómo vamos a trabajar para impartir justicia, pero también para recuperar relaciones rotas y no dejar latentes las heridas del conflicto.

Pensemos, desde hoy, en acercarnos a nuestros vecinos, en construir una sana relación con nuestra hermana Costa Rica para dejar atrás la xenofobia, para tomar su ejemplo en la búsqueda y preservación de la democracia y los derechos humanos; en trabajar para que nuestra hermana Honduras también sea libre de corrupción y del crimen organizado; en unirnos y echar a andar, mano a mano, por fin juntos, todos los países centroamericanos, un plan por el interés común de prosperidad para todos.

A dos meses de la represión y la violencia de las que Nicaragua ha sido víctima, todavía hay mucho por verse. Daniel Ortega parece renuente a dejar de matar, tanto como a dejar el poder. Sin embargo, del otro lado, los nicaragüenses nos encontramos indignados, decididos y esperanzados. Queremos un chance para construir una nueva Nicaragua. La consciencia colectiva ha despertado. La tarea es gigantesca, pero la oportunidad es demasiado valiosa. Hagámoslo.  

Decilo,

Política pública desde la ciencia y técnica, no desde la desinformación

El pasado jueves, el Presidente Carlos Alvarado puso fin a un capítulo que, a pesar de corto, fue en gran medida vergonzoso. El mandatario se negó a aceptar la petitoria de 40 diputados y diputadas para detener la aplicación de un protocolo para atender casos de riesgo de suicidio en centros educativos. Que se haya siquiera puesto en duda la aplicación de una herramienta tan valiosa para proteger las vidas de niños y niñas debe dejarnos lecciones y aprendizajes políticos, pero sobre todo éticos.

Un tuit puede decir ‘mucho’, pero no lo dice ‘todo’

Hay que admitir, de entrada, que el suicidio es uno de esos temas que usualmente dejamos en el congelador de las discusiones sociales. Fue el suicidio del famoso e irreverente chef televisivo Anthony Bourdain lo que activó definitivamente la conversación en torno al tema.

Muchas personas -incluidos el propio Ministro Édgar Mora, y el Presidente Alvarado- coincidimos en que el tuit de la “verdad” y la “vehemencia” fue imprudente, confuso y desafortunado. La síntesis en las palabras puede ser poderosa en ocasiones, pero imprecisa en muchas otras. El tuit definitivamente se prestaba a malas interpretaciones. Una aclaración del Señor Ministro se volvió necesaria y justa.

La aclaración llegó, pero no fue escuchada. El tuit fue utilizado como justificación para intentar suspender la aplicación del “Protocolo de atención a la población estudiantil que presenta lesiones autoinfligidas y/o en riesgo por tentativa de suicidio”. Así como se lee. La moción que hacía ese llamado, lamentablemente, obtuvo 40 votos a favor. Sin embargo, fue notorio -y admitido en varias de las intervenciones- que la mayoría a favor desconocía casi por completo el texto, por lo cual las razones para la moción se demostró que eran otras.

Y es que del contenido del protocolo, poco hay para hablar. Su elaboración le correspondió a personas profesionales y expertas en un tema tan complejo como el suicidio. El trabajo comenzó en 2017, mucho antes de que Édgar Mora asumiera en el MEP. Pero además, pasó por un proceso de revisión científico y técnico riguroso. El texto fue consultado a entes como el Consejo Nacional de Salud Mental y la Comisión Interinstitucional de Salud Mental.

La educación y la política pública se deben hacer desde la información y el conocimiento

¿Nos toca como Congreso decidir en asuntos técnicos específicos dentro del ámbito de acción de un Ministerio? No. ¿Podemos participar en las discusiones de fondo que estos asuntos abarquen? Sí, pero esas discusiones deben ser responsables, principalmente si hablamos de algo tan sensible como el suicidio en centros educativos. Se trata protocolos (como ya existen sobre armas, bullying o drogas) que van a impactar a niños, niñas y jóvenes.

Dichosamente, la implementación del protocolo continuará tal cual estaba programada. Pero el episodio debe dejarnos al menos preguntas: ¿Es éticamente aceptable negarle herramientas a docentes para salvar vidas de estudiantes en riesgo de suicidio con el afán de “reprender” a un Ministro por sus declaraciones? ¿Es válido tomar decisiones sobre una herramienta como el protocolo sin conocer su proceso de elaboración y su contenido?

Los Diputados y Diputadas están en todo su derecho de mostrar molestia por el tuit del Ministro, de criticarle, de llamarle a cuentas a comisiones o en sus espacios de control político, si así fuese necesario. Pero es injusto para la niñez y las juventudes mezclar eso con la aplicación de protocolos educativos y de salud que buscan protegerles. Las políticas públicas deben formularse desde el conocimiento y la técnica, jamás desde la desinformación. Eso es lo que se espera de nosotros y nosotras cuando tomamos decisiones desde nuestra curul.

Decilo,

Soy de aquí, y aquí me quedo

Pertenecer es un privilegio que muchas veces damos por sentado.

A nuestra familia, a un grupo de amigos, a las personas de la U que pasan sin reparar en otro par de ojos, pero que sabemos nos deduce como miembros de ese todo, de una comunidad, el espacio físico y social que cohabitamos. No se nos pregunta para pertenecer; no se pide permiso, los límites y normas que vienen luego son ficciones nuestras, también.

El juego de la pertenencia es aquel que nos colorea al margen de las líneas, otorga derechos y delega responsabilidades, un balance que en principio parece sencillo de acatar. Sabemos indudablemente que si existimos, pertenecemos. Pero también se puede existir sin pertenecer. Este es el peligro de la ambivalencia.

El domingo, seis miembros de la comunidad Ngäbe-Buglé viajaron alrededor de seis horas para presentarse ante un nuevo gobierno, o como lo entendemos, un grupo de extraños de saco y corbata con la potestad de sentar las normas de la pertenencia.

¿Ngäbe? Reconocidos hasta hace algunas décadas, pero residentes de siglos. Su comarca está en Panamá, pero para ubicarlos en su historia hace falta mucho más que un mapa. No tienen acceso a la ciudadanía costarricense, y por ende no tienen documentos que les identifique. Su condición para vivir acá en muchos casos la firma un contrato (a veces inexistente) con una empresa extranjera que cobra más de lo que paga.

Si no les suena el nombre, quizás no hayan escuchado de ellos. Hasta hace poco, yo también los ignoraba.

Su ruta es la de Sixaola, Talamanca. No son los que se emplean en la colecta de café, ellos vienen de las bananeras y plataneras. El acceso a la educación básica es limitado, y ni hablar de las oportunidades universitarias. En materia de salud y seguridad social, las alternativas también son precarias. Su solicitud no es otra más que atender de inmediato el llamado desesperado a cumplir con los derechos humanos.

En menos de tres días, seis personas -algunas nuevas en la capital- convocaron medios, a todas las fracciones de la Asamblea Legislativa, inclusive se sentaron a dialogar en despachos del gobierno, una hazaña compleja para la media de costarricenses. Acompañarles no solo me mostró lo absurdo que es el juego de la pertenencia, sino lo extraordinario que se puede ser cuando la esperanza marca el camino a casa.

“La sangre que nos corre es roja, como la de ustedes. Somos iguales”, dijo Eusebio, dirigiéndose al grupo de legisladores atentos.

Nunca he visto una frontera, no creo haber sentido o tocado alguna. No estoy seguro dónde acaban, o dónde empiezan, pero sí puedo decir que las he escuchado, rígidas y dolorosas, en cada relato perverso de discriminación y abandono.

Los Ngäbes partieron de nuevo a Sixaola, exhaustos, pero con la satisfacción de que esta vez, quizás, nos hayan enseñado a todos una lección sobre pertenencia, quizás la única que necesitábamos.

Decilo,

Un océano de gentes del mar

Toma relevancia para los costarricenses en la última década, la realidad de que nuestro territorio marino es 10 veces  mayor en el mar que en la tierra. Que ese océano presenta una biodiversidad incalculable, bella, útil y poco conocida a los ojos de la ciencia. Nos sentimos entonces llamados a festejar el “Día Internacional de los Océanos “ con orgullo, y felices de unirnos al mundo con un legado de áreas marinas protegidas que refleja la intención de los costarricenses de enfrentar el futuro con resiliencia y solidaridad hacia las futuras generaciones.

Pero desde otra perspectiva, poco hacemos en este pequeño país de mucho mar, si no reconocemos también, a las miles de personas que no solo habitan ese mar, sus Islas y sus costas;  sino del cual depende nuestro bienestar, nuestra seguridad alimentaria, y mucha de nuestra cultura.

Debemos hoy reconocer a esos hombres y mujeres pescadores y pescadoras, molusqueros y molusqueras, cuyo conocimiento y bienestar, opuesto a lo que nos pasa a nosotros en el Valle Central, depende directamente del océano y sus ecosistemas, y quienes han estado siempre claros de su importancia y de la necesidad de cuidarlo y protegerlo para su aprovechamiento sostenible y conservación.

De pronto, desde el Valle Central nos damos cuenta que estamos del lado equivocado de la historia, que debemos de accionar todo lo que esté a nuestro alcance para proteger el mar y su belleza. Iniciamos campañas por la limpieza, por la conservación y manejo de sus especies preciadas como las tortugas marinas, el tiburón, los humedales y llevamos la intención a las escuelas y colegios de unirnos al mundo en su interés por aumentar en un 10% o más nuestro territorio marino, bajo un estado de preservación donde ya ni siquiera caben esas gentes del mar que todavía no reconocemos, o de pronto reconocemos erradamente como enemigos de su propio bienestar.

Una vez más en este afán positivo de conservación marina, olvidamos que esas comunidades cercanas al mar han sido marginadas y olvidadas en cada rincón, que tienen muchas menos oportunidades y que en muchos casos, han sido privadas de derechos fundamentales como es el caso de las familias pescadoras de Dominicalito o Isla Caballo, quienes aún hoy no cuentan con agua potable. Que sin ellos, sin su bienestar social, cultural y económico no alcanzaremos nunca el bienestar ambiental que anhelamos cerca de los océanos.

En los últimos años hemos visto a las gentes del mar levantarse en las reuniones de conservación y desarrollo con más fuerza, prepararse para los nuevos retos fortaleciendo sus capacidades y su organización y participando activamente en defensa de sus derechos. Definiendo estrategias para reconocer el trabajo de la mujer en las pesquerías y en la cadena de valor del pescado y oponiéndose a morir de la historia de un país que no solo le ha dado la espalda al mar sino a las gentes del mar.

Las áreas marinas de pesca responsable, otras áreas marinas de manejo comunitario como Chomes, y el Parque Nacional Cahuita en el sector de Playa Blanca, son un vivo ejemplo de cómo hoy, Costa Rica cuenta con una forma de gobernanza compartida donde estas comunidades junto con INCOPESCA-MAG o SINAC-MINAE toman decisiones conjuntas sobre nuestro mar y su manejo. Son buenas prácticas que debemos de festejar y replicar en Costa Rica como formas válidas para mejorar las condiciones de esos miles de costarricenses conocedores de nuestro territorio azul y de su importancia en el mantenimiento de la diversidad biológica pero también cultural de nuestro país.

Estas iniciativas deben de ser festejadas en el Día de los Océanos, porque ahí, la  vida de las gentes del mar es reconocida y valorada con orgullo por los costarricenses y el desarrollo tan anhelado por esas familias, llevado a sus territorios con respeto profundo a su identidad, a su actividad productiva y a la conservación.

Poco haríamos los costarricenses de festejar un día a favor de la biodiversidad marina sin recordar a quienes la han mantenido vital todos los estos años.  Festejar un día de los océanos, cuando en la realidad la vida en el mar se vive, se festeja y se sufre todos los días del año.

¡Que no se les acalle la voz ni la esperanza! ¡Feliz día a los hombres, mujeres y jóvenes del mar!

Decilo,

El tema ambiental: recomendaciones para el nuevo gobierno

El tema ambiental no se negocia, como si fuera una botija en el fondo del mar.   Todos los ciudadanos, todos los partidos políticos y candidatos a puestos públicos debemos de fusionar los esfuerzos para alcanzar las metas país que nos hemos propuesto para avanzar hacia el desarrollo sostenible desde hace más de 5 décadas.

Esa visión donde muchos de nosotros hemos aportado, integra los elementos ambientales pero también sociales y económicos para alcanzar el bienestar humano, incluyendo los vínculos con elementos culturales y de identidad tan importantes para la conservación de la biodiversidad.

No es fuera de un enfoque ecosistémico donde la conservación se integra al desarrollo y se logra avanzar el tan ansiado equilibrio entre las partes bajo una visión holística y técnicamente solida  necesaria para que Costa Rica continúe su camino hacia una política ambiental que trascienda en el tiempo.

Tal y como se ha planteado bajo el principio X de la Convención de Río, y recientemente ratificado por nuestro país en un Convenio de interés global pero índole regional, todos los sectores deberán de procurar alcanzar acuerdos que nos permitan avanzar sin entrar en un conflicto social y  abordando con seriedad los temas ambientales, pero siendo conscientes de las necesidades de bienestar humano y desarrollo.

¿Por qué no hablar entonces de una forma más sencilla?

¿Por qué seguimos como país firmando convenios y otros compromisos internacionales sin haber logrado consolidar los acuerdos previos?

¿Por qué seguimos tomando decisiones medulares para la conservación y el desarrollo bajo una visión del valle central, sin hacer un esfuerzo por comprender las realidades rurales y costeras de nuestro país?

¿Por qué no comprometerse a mejorar la condiciones de pobreza de las personas, como elemento fundamental para alcanzar la sostenibilidad ambiental?

¿Por qué no garantizar los derechos humanos relacionados con la información ambiental, el trabajo decente, la salud ambiental y turismo masivo y no sostenible?

¿Por qué no incluir, paralelo a las propuestas de mejorar los marcos urbanos y el cambio climático, el abordaje de los ejes relacionados a los valores y prioridades referentes a la equidad y la igualdad?

¿Por qué no volver a aspirar a un equilibrio que nos permita conservar nuestras áreas protegidas, sus áreas aledañas y los lugares donde viven comunidades humanas en estado de mayor vulnerabilidad social y ambiental, reconociendo los diferentes modelos de gobernanza?

El tema ambiental debe de salir de ser una “moda política, como discurso sin contenido técnico y con falta de visión práctica” para tratarse con una visión a mediano y largo plazo, sin liviandad, sin improvisación y con acuerdos entre todas las partes.  Claros de los sustentos técnicos que nos permiten integrar nuevas tecnologías, nuevas metodologías participativas, resolución de conflictos y nuevos marcos de manejo para abordar los retos ambientales.

No basta con cambiar RECOPE para hacerlo una institución para el siglo XXI; no basta con usar más la bicicleta en lugar de nuestro vehículo en el Valle Central; no basta con construir más vertical y menos horizontal, negarnos a las pesquerías sostenibles solo por preceptos ideológicos o hablar de los temas de transporte y energía.  Sí, todo lo anterior contribuye y podría generar algunos cambios, pero todo lo anterior requiere de un andamiaje complejo para mantenerse en pie de lucha hacia lo ambiental en un proceso continuo y de largo plazo que solucione los principales problemas.

La anterior administración (2014 – 2018), alcanzó avances en los temas de conservación con gente, bajo un enfoque de derechos humanos, también se logró que los temas ambientales se abordaran de forma interinstitucional y no tradicional, por ejemplo el trabajo del INAMU con mujeres molusqueras en las costas del Pacífico. Para unos quedó debiendo, para otros logra avanzar el país en temas que dejaban a muchos y muchas atrás.

El meollo del hoyo es, si los temas ambientales los podemos llevar a lo más profundo del análisis del desarrollo, si podemos ya, y de forma urgente,  retomar los elementos positivos y propositivos de una sociedad civil y un gobierno que tratan de buscar desde hace muchos años el sano equilibrio que hoy hace falta en nuestra casa común.

Se necesitan valores, unión, visión a futuro, traer la experiencia, trabajar con el mejor conocimiento científico y tradicional disponible  y reconocer las buenas prácticas y los errores. Necesitamos si, juventud, pero también experiencia. En los temas ambientales no hay buenos ni malos, hay una urgente necesidad de una visión común.

Decilo,

Intereses con piel de técnica.

Hay una fórmula clásica para hacer pasar por criterio técnico lo que no es más que la defensa de intereses propios.

1. Hacer creer que el tema es ultra complejo y no puede ser discutido/comprendido por no expertos. Así se excluye a la ciudadanía del debate.

2. Adicionar justificaciones técnicas que no se sostienen frente al análisis, pero emitidas desde autoridades (ejercitar falacias de autoridad al por mayor). Al mismo tiempo, desautorizar todo análisis contrario, sin importar su fortaleza de fondo, con falacias ad hominem.

3. Calificar de “racionales” los argumentos propios y de “emocionales” los argumentos contrarios.

4. Intentar siempre mezclar los intereses personales con intereses generales. De tal forma que la medida recomendada con supuesto fundamento técnico pueda (o aparente) generar beneficios colectivos. Así, la medida que genera (o aparenta generar) beneficios colectivos asegura los beneficios particulares.

La ciencia ofrece herramientas valiosísimas para que los humanos tomemos decisiones. Permite evaluar efectos, prever, estimar impactos. Pero cuando se trata de decisiones políticas, una vez se cuenta con los resultados técnicos, aún con los más refinados, lo que sigue es una decisión política-ética. Así funciona lo técnico bien usado. Sirve para que los tomadores de decisiones conozcan dónde se mueven y que pueden provocar sus decisiones.

Pero también puede usarse “el nombre de la ciencia” para validar argumentos carentes de sustento técnico real. Puede usarse la mera mención para dotar de autoridad un argumento sin sustento. Para engañar. Eso no es culpa de la ciencia. Es producto de la corrupción de humanos que quieren defender sus intereses propios aunque generen efectos adversos sobre la sociedad.

Por eso nunca debe uno creer nada a nadie tan sólo por la figura misma del emisor. Ni nunca es válido rechazar de buenas a primeras un argumento tan solo con sustento en cualidades o prejuicios que pesan sobre quien emite el argumento. Nunca, absolutamente nunca, nos crean nada a las y los economistas tan sólo porque “somos economistas”.

Los argumentos son lógicos y verdaderos por sus contenidos propios.

Todo argumento requiere analizarse a la luz de la lógica y los hechos. Nunca a la sombra del emisor.